Durante los últimos meses, en Maipú comenzó a repetirse una escena que no deberíamos naturalizar: vecinas organizando ollas populares, instituciones sosteniendo merenderos y organizaciones comunitarias realizando colectas para acompañar a familias que cada vez tienen más dificultades para acceder a los alimentos.
La solidaridad de nuestra comunidad emociona, pero también debería interpelarnos. Porque cuando una necesidad colectiva empieza a sostenerse principalmente gracias al compromiso de vecinos, vecinas y organizaciones, es momento de preguntarnos qué está haciendo el Estado. No porque la solidaridad esté mal, todo lo contrario: es una expresión valiosa del tejido social, pero la solidaridad nunca puede reemplazar un derecho.
Las ollas populares tienen una larga historia en nuestro país. Han surgido en distintos momentos de crisis económicas y sociales como una respuesta comunitaria frente al aumento de la inseguridad alimentaria. Son una expresión de solidaridad organizada, pero también un termómetro social: cuando las ollas populares crecen, no solo aumenta el compromiso de la comunidad; también aumenta la cantidad de personas que no pueden garantizar por sus propios medios algo tan básico como alimentarse.
El acceso a una alimentación adecuada es un derecho humano reconocido por nuestra Constitución y por tratados internacionales. Garantizarlo es una responsabilidad indelegable del Estado. Y para hacerlo no alcanza con distribuir alimentos: también es necesario planificar, conocer quiénes los necesitan, asegurar un acceso equitativo y gestionar con transparencia.
En este contexto, la Provincia de Buenos Aires, a pesar de discontinuar el programa MESA producto de la interrupción del financiamiento Nacional destinado a políticas alimentarias, priorizó el sostenimiento del Servicio Alimentario Escolar (SAE) y dispuso el fortalecimiento de la asistencia alimentaria territorial a través del aumento en kilos de alimentos enviados a los municipios a través del Programa MATe para responder al aumento de la demanda social. Sin embargo, en Maipú existe muy poca información pública sobre cómo se implementa esa política.
¿Cuántos kilos de alimentos recibe actualmente el municipio? ¿Con qué frecuencia? ¿Cuántas familias son alcanzadas? ¿Cuáles son los criterios para la asignación? ¿Cómo se informa a la comunidad sobre la existencia de este recurso? ¿Cuáles son los mecanismos de control de stock, trazabilidad y rendición de la mercadería recibida? ¿Cuál es el plan de acción del Municipio para atender el aumento de la demanda alimentaria y fortalecer la seguridad alimentaria de la población más vulnerable?
Estas preguntas no buscan señalar culpables ni instalar sospechas, buscan fortalecer una política pública. Porque la transparencia no debilita la gestión: la mejora. Permite generar confianza, evitar desigualdades y garantizar que los recursos lleguen a quienes más los necesitan.
Quienes trabajamos en el territorio observamos diariamente un incremento de la demanda alimentaria. Cada vez son más las familias que reducen la cantidad de comidas, recurren a comedores comunitarios o encuentran en una olla popular la única comida caliente del día. Frente a esta realidad, resulta imprescindible conocer cómo está respondiendo el Estado local.
Por ese motivo, en los próximos días organizaciones sociales y vecinos presentaremos una solicitud al Honorable Concejo Deliberante para requerir información pública sobre la gestión de la asistencia alimentaria en nuestro distrito. El objetivo es conocer cómo se administran los alimentos que brinda la Provincia, cuáles son los mecanismos de distribución y qué estrategias existen para garantizar el derecho a la alimentación de manera transparente y equitativa.
No se trata de cuestionar la asistencia alimentaria, sino de fortalecerla. Las políticas públicas no deberían sostenerse sobre rumores o información fragmentada, sino sobre datos abiertos, criterios claros y mecanismos de rendición de cuentas.
Una comunidad informada puede participar, proponer mejoras y acompañar políticas más eficaces. Porque cuando hablamos de alimentos no solo hablamos de mercadería: hablamos de derechos, de dignidad y de la responsabilidad compartida de construir una sociedad donde ninguna familia dependa exclusivamente de la solidaridad para poder comer.
