Tras arribar a un acuerdo con la oposición “dialoguista”, el oficialismo convocará a su primera sesión en el período extraordinario para el jueves de la semana próxima con un tema por demás sensible: la reforma del régimen penal juvenil y, con ella, la baja de la edad de punibilidad de los menores en conflicto con la ley.
Si bien los libertarios pretendían insistir con el proyecto original que presentó el Poder Ejecutivo en 2024, que fijaba el piso de imputabilidad en 13 años, finalmente se acordó avanzar con el dictamen que se suscribió en mayo del año pasado y que, a instancias de las bancadas dialoguistas, contempla reducir a 14 el mínimo de punibilidad.
“Teníamos previsto insistir con la iniciativa original, pero no tenemos los votos. Esta es la ley posible”, admitieron en el oficialismo luego de que Pro y la UCR advirtieran que solo votarían el dictamen acordado en mayo, pero que nunca llegó a debatirse en el recinto.
El acuerdo se selló durante una reunión convocada este mediodía por el presidente de la Cámara, Martín Menem, con los jefes de bloque de la oposición. Allí se definió que el martes próximo se constituirán las comisiones correspondientes para, al día siguiente, ratificar el dictamen que se firmó el año pasado pero que perdió estado parlamentario en diciembre. La hoja de ruta se completará el jueves 12, con la sesión convocada en el recinto.
El oficialismo se muestra confiado. “Ya tenemos asegurados 136 votos para arrancar la sesión ”, deslizó un encumbrado miembro de la bancada. En efecto, salvo un sector de Unión por la Patria y la izquierda, el resto de los bloques se anticipó predispuesto a acompañar la iniciativa, con lo cual es altamente probable que sea convertida en ley por el Senado antes de la finalización del período extraordinario de sesiones, el 1 de marzo próximo.
El proyecto, además de fijar el mínimo de punibilidad en 14 años, establece que la condena máxima que podrá recibir un menor será de 15 años, solo para delitos graves como homicidio, abuso sexual o secuestro. La privación de libertad únicamente se aplicaría como último recurso, por lo que la prioridad a la hora de impartir el castigo serán las penas alternativas como tareas comunitarias, prohibiciones de aproximación con las víctimas o medidas de reparación del daño causado.
Durante la reunión con el oficialismo, los bloques provinciales plantearon la necesidad de que la Nación costeara los mayores gastos que insumirá el nuevo régimen en las provincias. Los libertarios acordaron incluir en el texto una cláusula que habilitaría a celebrar convenios entre la Nación y los Estados subnacionales a medida que éstos adhieran al nuevo sistema para afrontar esos costos.
Además de Menem, participaron del encuentro Gabriel Bornoroni y Silvana Giudici por LLA; Germán Martínez, por Unión por la Patria; Gisela Scaglia, de Provincias Unidas; Cristian Ritondo, de Pro; Alberto Arrúa, de Innovación Federal; Pamela Verasay, de la UCR; Miryam Bregman y Romina del Pla; del FIT; Miguel Angel Pichetto y Nicolás Massot, de Encuentro Federal; Oscar Zago, del MID; Claudio Álvarez, de País Federal; Nancy Picón Martínez, de Producción y Trabajo, y José Luis Garrido, de Por Santa Cruz.
Fuente: Agencia DIB.
