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IMPULSAN EN DIPUTADOS UNA REFORMA PARA FIJAR DURAS PENAS AL “CRIMEN DE AGRESIÓN” CONTRA OTROS ESTADOS


El diputado nacional de Unión por la Patria Ramiro Gutiérrez propone una escala de ocho a 25 años de prisión y establece expresamente la imprescriptibilidad de la acción penal y de la pena.




Redacción SEMANA MAIPUENSE - Actualizado 04/11/2026

Buenos Aires, 4 de noviembre (NA) -- El diputado nacional de Unión por la Patria Ramiro Gutiérrez impulsa un proyecto de ley que busca tipificar expresamente en la normativa penal argentina el "crimen de agresión", que consiste en un ataque armado perpetrado desde la conducción política o militar de un Estado contra otro.

La iniciativa del massista, que modifica la ley 26.200 del 2007, propone una escala de ocho a veinticinco años de prisión y establece expresamente la imprescriptibilidad de la acción penal y de la pena.

"El crimen de agresión" puede comprender una invasión, un bombardeo o un bloqueo de puertos, cuando el hecho reúna las características, gravedad y escala exigidas para configurar este delito que viola la Carta de las Naciones Unidas.

La reforma propuesta busca completar la implementación de las enmiendas de Kampala al Estatuto de Roma, que Argentina ratificó en 2017.

“La Argentina asumió un compromiso internacional contra la agresión armada. Ahora necesitamos completar nuestra legislación para que los jueces tengan herramientas concretas para investigar y sancionar a los dirigentes responsables. Firmar un tratado no alcanza si después faltan las leyes para hacerlo cumplir”, sostuvo Gutiérrez.

Entre otros aspectos, el proyecto precisa cuándo puede intervenir la Justicia argentina y dispone que no será necesaria una determinación previa del Consejo de Seguridad de la ONU para investigar y juzgar. 

Mantiene las obligaciones de cooperación con la Corte Penal Internacional y respeta las inmunidades reconocidas por el derecho internacional.

Gutiérrez señaló que la aplicación de la ley deberá acompañarse con capacitación judicial y capacidad especializada dentro del Ministerio Público Fiscal, junto con medidas para preservar pruebas y proteger a los testigos.

“Defender la soberanía argentina exige también respetar la de los demás Estados. La regla debe alcanzar a todos los dirigentes, incluidos los nuestros: decidir una agresión debe tener consecuencias penales”, expresó.

Agencia NA


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